El Senado de Argentina aprobó este jueves un proyecto impulsado por el Gobierno de Javier Milei que busca fomentar actividades mineras en áreas periglaciares, girando la iniciativa para su discusión en la Cámara de Diputados. La medida, que modifica la Ley de Glaciares del 2010, fue aprobada por 40 votos a favor, 31 en contra y una abstención, y genera amplio rechazo de organizaciones ambientalistas.

La iniciativa fue girada a la Cámara de Diputados para continuar su trámite legislativo, tras un debate que evidenció la división en el recinto. El proyecto, enviado al Congreso por el Ejecutivo a finales del año pasado, otorga a las provincias la potestad de determinar las zonas periglaciales —cercanas a los glaciares— en las que se pueden permitir actividades mineras.

LEA TAMBIÉN:

Policía Federal Argentina reprime protesta contra flexibilización de la Ley de Glaciares

El proyecto busca eliminar la prohibición automática de actividades extractivas en áreas glaciares y periglaciales, reemplazándola por evaluaciones caso por caso que habilitarían la intervención de empresas mineras. Además, plantea una reducción del Inventario Nacional de Glaciares, limitándolo únicamente a sectores considerados de carácter estratégico para la reserva de agua, lo que dejaría numerosas zonas sin protección legal.

La normativa original de 2010 protege los glaciares como reservas hídricas estratégicas, reconociendo su función en el abastecimiento de agua, la sostenibilidad de ecosistemas y el soporte a actividades productivas. La reforma propuesta modifica este enfoque al transferir competencias de definición territorial a las jurisdicciones provinciales.

Argumentos oficiales y del sector minero

El Gobierno de Javier Milei sostiene que la modificación es necesaria para contribuir al desarrollo económico a través del impulso a la minería, sector que registra fuertes inversiones en litio, cobre y oro. Las empresas del ramo argumentan que no todos los ambientes periglaciales constituyen «reservas estratégicas de recursos hídricos» a ser protegidas.

Según el sector minero, una evaluación provincial caso por caso podría habilitar proyectos productivos en áreas cercanas a los glaciares «sin función hídrica relevante». El Ejecutivo alega que la reforma permitiría un desarrollo minero actualmente vedado por la ley vigente, corrigiendo «graves falencias interpretativas» y reduciendo la incertidumbre jurídica para facilitar inversiones.

Durante la sesión, el senador Luis Juez calificó algunas campañas contra la reforma como “terrorismo ecológico” y sostuvo que el Gobierno impulsa un enfoque “inteligente” para aprovechar el potencial minero.

Rechazo de organizaciones ambientalistas y oposición política

Varios senadores de bloques opositores cuestionaron la iniciativa por considerar que implica desproteger a los glaciares y presenta «vicios constitucionales».

En este sentido, durante su alocución la senadora Anabel Fernández Sagasti advirtió que la modificación de la ley de 2010 “no es una cuestión técnica, sino que flexibiliza los estándares ambientales y es un retroceso”, marcando su rechazo a la reforma.

Las organizaciones ambientalistas advierten que están en juego importantes reservas de agua y que no se puede permitir que intereses privados se sobrepongan a los derechos colectivos a un ambiente sano, consagrados en la Constitución nacional.

En este contexto, la Asamblea de Vecinos por el No a la Mina de Esquel señaló: «No se trata de una “actualización” técnica: es una decisión política que debilita la protección de nuestras reservas estratégicas de agua dulce y habilita el avance de la megaminería en zonas que la ley resguardaba. Es una cesión de soberanía ambiental y un mensaje claro de subordinación a intereses corporativos«.

Durante la jornada, Greenpeace protagonizó una protesta en el Congreso que derivó en la detención de una docena de ambientalistas y un camarógrafo del canal A24 lesionado por la fuerza de seguridad. Estas agrupaciones advierten que la aprobación implicaría una destrucción irreversible de glaciares, pondría en riesgo la principal fuente de agua dulce y afectaría la regulación de cuencas y servicios ecosistémicos vinculados al ciclo hídrico.

Contexto: proyectos mineros en ambientes periglaciales

En Argentina no existe un registro nacional actualizado de proyectos mineros en zonas glaciares y periglaciales, pero un informe gubernamental de 2016 admitió la existencia de 44 proyectos mineros —sobre un total de 77— en ambiente periglacial. Desde entonces, se presume que esa cifra es muy superior debido al crecimiento del sector: en los últimos tres años, la cantidad de proyectos en el país saltó de 160 a 325.

LEA TAMBIÉN:

Expertos: reforma de Milei a la Ley de Glaciares amenaza la biodiversidad

Los ambientalistas coinciden en que muchas áreas de concesión minera afectan o pueden afectar glaciares y sus zonas adyacentes, pese a la falta de datos oficiales actualizados. Esta situación genera preocupación sobre el impacto acumulativo de las actividades extractivas en sistemas naturales críticos para la seguridad hídrica.

Debate científico y gestión ambiental

La comunidad científica coincide en que, más allá del marco normativo local, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global es el factor determinante para frenar el retroceso glaciar.

Laura Rocha, de la ONG Periodistas por el Planeta, advirtió: «Ahora lo que habla es del federalismo ambiental, con la idea de que las provincias decidan qué glaciar sirve y cuál no, en una cuestión utilitaria, cuando en realidad es la ciencia la que tiene que determinar la extensión de los glaciares y su zona periglacial».

El sistema glaciar de la Cordillera de Los Andes abastece de agua a amplias regiones del país, sostiene ecosistemas y actividades productivas. Actualmente, el 36 por ciento de la superficie continental argentina depende del deshielo para mantener la vida en 20 provincias, por lo que reducir la protección aumentaría la vulnerabilidad de comunidades enteras frente a la crisis climática y la escasez hídrica.

El debate sobre la reforma de la Ley de Glaciares pone en tensión el modelo de desarrollo productivo con la conservación de reservas de agua consideradas estratégicas para Argentina.

EN ESTA NOTA: